Las imágenes de una empleada de guardería en Torrejón de Ardoz forzando violentamente a una niña de apenas año y medio a comer han conmocionado a la opinión pública. En el vídeo se ve cómo la menor es zarandeada, gritada y empujada, sin que el resto del personal —incluida la directora— intervenga.
Este tipo de situaciones no solo son moralmente inadmisibles, sino que tienen graves consecuencias legales, tanto penales como civiles, bajo la legislación española vigente.
Delito de trato degradante (art. 174 CP): aplicar castigos o conductas humillantes al menor.
Delito de lesiones (arts. 147 a 156 CP): si hay daño físico, aunque no requiera tratamiento médico.
Delito de violencia habitual (art. 173.2 CP): si hay una conducta reiterada de maltrato.
Omisión del deber de impedir delitos (art. 450 CP): para los trabajadores que presencian los hechos y no actúan.
Prohibición de trabajar con menores.
Suspensión cautelar del empleo.
Orden de alejamiento del menor afectado.
Sí. Aunque el hecho lo cometa una trabajadora concreta, el centro educativo también puede ser responsable si se demuestra negligencia o falta de control.
Civilmente, según el Código Civil:
Artículo 1902 CC: quien cause daño por acción u omisión está obligado a repararlo.
Artículo 1903 CC: el centro responde de los actos de sus empleados si ocurren en horario y lugar de trabajo.
Es decir, los padres pueden reclamar:
–Daños morales y psicológicos sufridos por el menor y su familia.
–Gastos derivados, como tratamiento psicológico o cambio de centro.
–Indemnización por responsabilidad civil derivada del delito, si se reclama en el procedimiento penal.
Ante cualquier sospecha de trato inadecuado, los pasos recomendados son:
Reunir pruebas: vídeos, partes médicos, informes psicológicos, testimonios.
Denunciar ante la Policía, Guardia Civil o Fiscalía.
Solicitar informe de inspección educativa.
Contactar con un abogado penalista especializado en menores.
La ley española protege de forma firme a los menores ante cualquier forma de maltrato físico o psicológico. Las conductas como las ocurridas en Torrejón pueden tener consecuencias penales muy serias para la trabajadora implicada y derivar también en indemnizaciones civiles para reparar el daño causado.
Si has vivido una situación similar o tienes sospechas, no dudes en actuar. La protección del menor es prioritaria y el marco legal está diseñado para asegurar que ninguna agresión quede impune.
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